En pleno siglo XXI, las sociedades occidentales, con sus dirigentes al frente, abogan y hacen gala de las libertades que las caracterizan frente a regímenes totalitarios y de libertades coartadas como China, entre otros.
Pero parece que son los dirigentes de los primeros quienes envidian a los países, donde la censura y la ‘’verdad limitada’’ a conveniencia del Estado, son el pan de cada día para los ciudadanos. Así lo demuestran los nuevos proyectos de ley, que nación por nación han sido aprobados o se encuentran en aras de hacerlo.
La ley SOPA (Stop Online Piracy Act) introducida como proyecto de ley el pasado 26 de octubre en la Cámara de los Representantes de EE.UU. encuentra sus homólogas en otros países europeos, entre ellos el nuestro.
El cambio de legislación, provocaría que empresas como Google y su servicio Youtube u otras como Twitter, Wikipedia o Facebook, se vieran obligados al cierre, debido a la supresión de lo que hasta ahora se conoce con el nombre de ‘’Puerto Seguro’’. Que exime a las empresas de responsabilidades legales por los contenidos colgados por sus usuarios.
Ante esto, las medidas adoptadas por otros países parece innecesaria debido al carácter hegemónico de los Estados Unidos, donde, con una legislación como esta, no tendría efecto simplemente nacional que encontrase final en las fronteras americanas. Sino que se vería su repercusión en el resto del mundo, ya que las principales empresas que proveen contenido y servicios en internet, son estadounidenses.
En España, donde la protección de la propiedad intelectual, solo ha servido para el lucro ilícito de la sociedad encargada de esta misión (SGAE) y el abuso de poder y enriquecimiento delictivo de sus dirigentes; como así se demostrara el pasado año. Ha sido anuncio por parte del nuevo Ejecutivo, sus planes para continuar adelante con aprobación de la denominada Ley Sinde. Anuncio que coincidió con la llegada de una carta procedente del otro lado del Atlántico al nuevo Presidente del Gobierno, en la cual se le invitaba a tomar medidas en este campo, para así evitar ''posibles'' fuga de inversiones procedentes de este país. De esta forma, bajo el pretexto de cumplir con los estándares internacionales de lucha contra la piratería, comunicaba esta decisión la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Lo ocurrido ayer con Megaupload y Megavideo es la prueba del desorden de prioridades de los gobiernos en los países occidentales. El cierre de dos servicios como estos y la detención de sus trabajadores y de su creador parece significar que, problemas como el narcotráfico, el terrorismo u otras actividades similares, aparentemente más significativas y de mayor peligro ya han sido exterminadas. Multas económicas desproporcionadas, incluso la pena de cárcel, son las medidas disuasorias de estos proyectos de ley, que parecen dispuestas a sacrificar el progreso en caso de ser aprobados.
Guillermo Garabito
